El derecho a la ciudad implica disputar los procesos de acumulación y de uso del suelo urbano, colocando la función social de la propiedad por encima de su valor mercantil. Esta perspectiva permite situar este caso costarricense en una discusión más amplia sobre el papel del Estado y las políticas redistributivas en contextos de neoliberalismo avanzado. Además, esto nos permite comprender por qué la política de vivienda ha sido la más difícil de ejecutar en los últimos años, teniendo los déficits de vivienda y hacinamiento, según la ENAHO (2024):

Los hogares en condición de pobreza presentan un mayor porcentaje sin vivienda propia (41,7 %) respecto a los hogares no pobres (25,1 %); además, tienen condiciones deficientes en cuanto al estado de la vivienda y el hacinamiento; el 84,0 % de las viviendas habitadas por hogares pobres se encuentran en condición física regular o mala, y hacinadas por dormitorio el 10,1 % de ellas, para los hogares no pobres, el estado regular o malo se da en el 30,6 % de sus viviendas y el hacinamiento por dormitorio en el 0,5 %. (p.72)

Esto nos lleva a otra situación: las cuarterías, en la actualidad, refleja la expresión más crítica del déficit habitacional. Los recientes incendios en edificaciones adaptadas como viviendas colectivas y los informes sobre miles de personas viviendo hacinadas en el GAM, visibilizan una realidad histórica caracterizada por precariedad e invisibilización social. Estas estructuras, muchas veces en condiciones de abandono, carecen de medidas básicas de seguridad, presentan instalaciones eléctricas improvisadas, salidas de emergencia bloqueadas y ausencia de ventilación adecuada. A ello se suma la inseguridad jurídica de sus habitantes, quienes con frecuencia carecen de contratos formales y se encuentran expuestos a desalojos arbitrarios.

Más allá de la cantidad de viviendas, el déficit habitacional se expresa también en sus efectos sobre la salud física y mental. Las condiciones inadecuadas de habitabilidad se asocian con la proliferación de enfermedades respiratorias y gastrointestinales, además de impactos en la salud mental derivados del estrés, la ansiedad y el hacinamiento.

La Organización Mundial de la Salud (2018) advierte que las condiciones de hacinamiento, humedad, ventilación deficiente y materiales precarios son factores que incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias, estrés y violencia doméstica. Asimismo, el hacinamiento, erosiona las relaciones familiares, limita la privacidad y aumenta los niveles de tensión en los hogares.

Asimismo, la constante amenaza de desastres, como incendios o derrumbes, acentúa la vulnerabilidad social de las personas residentes en estas condiciones. Viviendas presentan deficiencias estructurales, como techos de material no resistente, instalaciones eléctricas obsoletas y falta de refuerzos sísmicos, que aumentan significativamente los riesgos de accidentes y desastres. La inclusión de estándares constructivos y materiales sostenibles podría reducir estas vulnerabilidades.

Ello exige trascender una visión centrada en la construcción de nuevas viviendas e impulsar programas de mejoramiento habitacional que rehabiliten estructuras deterioradas y aseguren condiciones dignas para quienes ya cuentan con un techo (tipos de materiales, riesgos estructurales, normativa sísmica o de incendios, costos de rehabilitación) Es fundamental incorporar planes técnicos de refuerzo estructural, ventilación adecuada y accesibilidad universal, así como presupuestos realistas de mantenimiento y rehabilitación.

En este escenario es necesario recuperar la memoria histórica de las luchas sociales vinculadas a la vivienda. En Costa Rica, durante las décadas de 1970 y 1980, los movimientos feministas y de mujeres trabajadoras desempeñaron un papel clave en la organización comunitaria para acceder a tierra y vivienda. Muchas de las tomas de terrenos y procesos de autogestión habitacional fueron liderados por mujeres jefas de hogar, quienes no solo defendieron el derecho a un techo para sus familias, sino que también impulsaron transformaciones en la concepción de la vivienda como espacio social. Estos movimientos denunciaron las desigualdades en el acceso a la propiedad, la exclusión de las mujeres de los créditos hipotecarios por falta de garantías laborales formales y la invisibilización de su rol en la planificación urbana. En varios casos, la presión organizada de asociaciones de mujeres y colectivos feministas logró incidir en políticas públicas que reconocieron la prioridad de las jefaturas femeninas en la asignación de bonos de vivienda y programas sociales.

Existió una visibilización progresiva de la jefatura femenina dentro de la política habitacional. El movimiento feminista lideró procesos de autogestión y organización comunitaria, incorporando la perspectiva de género en el diseño urbano y en la construcción de criterios legales de política pública. Reconocer la vivienda como espacio de autonomía y de prevención de la violencia permitió ampliar la comprensión de este derecho más allá de su dimensión material, hacia una lectura integral de bienestar, cuidado y equidad. Estos logros históricos evidencian la necesidad de incorporar la participación comunitaria actual, testimonios de residentes de cuarterías y estrategias de mediación social en el diseño y la implementación de políticas habitacionales.

En este marco, la vivienda debe entenderse como un derecho humano universal y no como un privilegio condicionado por las dinámicas del mercado. Ello implica repensar la política pública en varias dimensiones: el diseño de créditos accesibles y flexibles con tasas diferenciadas y primas escalonadas adaptadas a la informalidad laboral y la situación económica de las familias; el acceso equitativo al suelo urbano mediante la regulación de la especulación y la utilización estratégica de terrenos públicos; el fortalecimiento de programas de mejoramiento de viviendas existentes con subsidios, asistencia técnica y refuerzos estructurales; la regulación y control de cuarterías para garantizar condiciones mínimas de seguridad, habitabilidad y salubridad; y un enfoque integral que articule la política de vivienda con otros derechos sociales, incluyendo salud, educación, empleo, transporte, seguridad y redes de apoyo comunitario.