Costa Rica más segura

Costa Rica, en algún momento llamada: la Suiza Centroamericana hoy se encuentra muy lejos de esa realidad; problemáticas revestidas de factores socioeconómicos, desigualdad social, desempleo, entre otros, ha generado la existencia de sectores con incidencia y crecimiento criminal importante. Un país que se ha caracterizado en los últimos años de la segunda década del siglo XXI, por tener un alto flujo de tránsito de drogas debido a la posición geográfica, y que ha traído consigo, lamentablemente, el posicionamiento de estructuras criminales y bandas locales, disputándose rutas, territorios y controles logísticos para esta actividad criminal, propiciando un aumento significativo del crimen organizado. El año 2023 registró alrededor de 900 homocidos al cierre de ese periodo, uno de los años violentos, porcentaje que, para este 2025, y conforme la dinámica actual, según declaraciones del Director del Organismo de Investigación Judicial, podríamos tener un cierre similar o incluso con nuevo récord.

Desde el estudio de los Indicadores para el seguimiento de la situación de la Seguridad Ciudadana y el informe del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD), se desprende que la realidad de la seguridad ciudadana en Costa Rica, especialmente en el periodo 2018–2023, refleja una serie de problemáticas estructurales que afectan el bienestar colectivo. A partir de los informes oficiales disponibles, se hace evidente una preocupación creciente en torno al aumento de ciertos delitos, la participación de personas menores de edad en conductas relacionadas con el consumo de drogas, la deserción estudiantil y las limitaciones institucionales para responder de forma preventiva y articulada.

El aumento en la percepción de inseguridad y miedo por parte de la ciudadanía ha aumentado, deteriorando el tejido social, generando entre otras circunstancias un impacto psicológico, normalizando la violencia. La tendencia consistente de la sobreexposición a los homicidios dolosos demuestra una falla en los mecanismos de seguridad y prevención ante la población más vulnerable, los menores de edad. Hay una preocupante conexión existente entre los homicidios dolosos y el reclutamiento criminal con participación de menores de edad.

Ante esta realidad, resulta imperioso el fomento de líneas de atención desde la prevención de la criminalidad, el aumento de homicidios, el crecimiento del crimen organizado y la afectación de comunidades, requieren una estrategia integral y sostenida, revestida de una intervención social, un fortalecimiento institucional, y una participación comunitaria. Es urgente, la aplicación de los modelos preventivos desde la perspectiva criminológica, estrategias intercomunicadas, con integralidad interinstitucional. La visión hacia los sistemas de seguridad, justicia, educación y protección, pueden anticipar el delito, mitigar sus efectos y fortalecer entornos seguros y protectores.

La prevención conlleva justamente a la inversión en juventud y educación, se requiere programas que brinden oportunidades reales de estudio, empleo y cultura a jóvenes en riesgo; recuperación de espacios públicos, implementación de casas de cultura, deportes… La prevención del delito debe verse como una inversión social del Estado y no solo como un tema policial. Se requiere una visión a largo plazo, enfocada en la niñez, adolescencia y zonas más vulnerables, una integración comunitaria y motivación menos punitivita.

Hoy la sociedad costarricense cuenta con una Unidad para la Prevención y Análisis Criminológico (UPAC) la cual surge como una iniciativa de la Escuela de Criminología de ULICORI, su objetivo: crear un espacio de intervención social que vincule a estudiantes, egresados y profesionales en criminología con las necesidades reales de la sociedad costarricense.

Con esta iniciativa de ULICORI se ha logrado el involucramiento de estos profesionales que hoy ofrecen una intervención especializada, la vinculación académica social, la prevención efectiva y una innovación en política criminal, contribuyendo en el desarrollo de políticas públicas bajo un análisis criminológico de la realidad actual del país.

Por medio de este proyecto, y ante la creciente criminalidad, se ha lanzado una campaña de fortalecimiento de seguridad llamada “Costa Rica más segura”, la cual dotara a la población de diferentes herramientas que permiten combatir la criminalidad y fortalecer el país en orientaciones de corte preventivas, este programa acompañará a la población desde tips de seguridad, hasta programas más robustos con participación de la Universidad y otras instituciones intervinientes en la atención del fenómeno social. La prevención no es una responsabilidad policial, es una responsabilidad social, una, que hace un llamado urgente a la integración, a la intervención y la participación activa.

Por: MSc. Thais Fonseca Ureña

Directora de la Escuela de Criminología Universidad Libre de Costa Rica